Ya pueden hacer todas las escenas de sofá que quieran que esto no tiene arreglo. Se reclama una reforma laboral para equiparar la normativa a la de otros países desarrollados, cuando nuestras estructuras productivas son muy distintas. Al paso que vamos, la patronal pedirá que se implante el modelo chino en cuanto a las cotizaciones a la Seguridad Social y horarios de trabajo porque supongo que a nadie le interesa el resto del lote. En algo tiene razón Obama: No se puede consentir el chantaje del cheque en blanco. Si se ayuda a determinados sectores económicos considerados estratégicos, el Estado queda automáticamente facultado para imponer reglas y fiscalizar el destino de las subvenciones. La reforma pasa también por revisar el estatuto de los ejecutivos, no sólo para distribuir la carga de los ajustes sino para hacer recaer la culpa sobre quien, en su caso, la hubiera tenido (o al menos ha venido cobrando una pasta gansa por una mayor responsabilidad nunca asumida), por un elemental sentido de la justicia y por una política de gestos. ¿Cómo, si no, se pretende la implicación de los trabajadores en la marcha de la empresa? Nuestra clase empresarial sigue teniendo latiguillos franquistas y reclama, al tiempo, liberalismo y un intervencionismo estatal paternalista. Me quedo en Guatemala, o sea que no quiero entrar en Honduras.
Pero cuando decía que esto no hay quien lo arregle estaba pensando en el caso griego. Las medidas más importantes de las que hemos tenido noticia son las que afectan a la Administración. Naturalmente que unos y otros se atreverían a apretarles el cinturón a los funcionarios pero no a sí mismos, a políticos y asesores, que son los altos ejecutivos del sector público. La reducción de la tasa de reposición de efectivos llega a afectar a la sanidad y a la educación pero nunca llega al hipertrofiado círculo áulico del poder. En España, las empresas públicas y los organismos autónomos se han convertido en un retiro dorado, y el conjunto del aparato estatal en sus tres niveles territoriales superpuestos –y a menudo solapados- en un monstruo insaciable que ha crecido sin control, en una hidra de mil cabezas y mil bocas, en un pesebre de bicocas y canonjías con que retribuir favores. Encima, partidos y sindicatos son una prolongación de la Administración. El Estado de las autonomías resulta insostenible. Recientemente se ha sabido que en España hay unos 30.000 coches oficiales, los mismos que en EEUU para una población que multiplica por seis a la española.
Ninguno de los dos, ni el PSOE ni el PP, va a solucionar la sangría que suponen las Comunidades Autónomas. Nada de la insoportable carga que representa la Administración Pública para los contribuyentes españoles va a cambiar. Y puede que acabe hasta con el caballo del Retiro.
Pero cuando decía que esto no hay quien lo arregle estaba pensando en el caso griego. Las medidas más importantes de las que hemos tenido noticia son las que afectan a la Administración. Naturalmente que unos y otros se atreverían a apretarles el cinturón a los funcionarios pero no a sí mismos, a políticos y asesores, que son los altos ejecutivos del sector público. La reducción de la tasa de reposición de efectivos llega a afectar a la sanidad y a la educación pero nunca llega al hipertrofiado círculo áulico del poder. En España, las empresas públicas y los organismos autónomos se han convertido en un retiro dorado, y el conjunto del aparato estatal en sus tres niveles territoriales superpuestos –y a menudo solapados- en un monstruo insaciable que ha crecido sin control, en una hidra de mil cabezas y mil bocas, en un pesebre de bicocas y canonjías con que retribuir favores. Encima, partidos y sindicatos son una prolongación de la Administración. El Estado de las autonomías resulta insostenible. Recientemente se ha sabido que en España hay unos 30.000 coches oficiales, los mismos que en EEUU para una población que multiplica por seis a la española.
Ninguno de los dos, ni el PSOE ni el PP, va a solucionar la sangría que suponen las Comunidades Autónomas. Nada de la insoportable carga que representa la Administración Pública para los contribuyentes españoles va a cambiar. Y puede que acabe hasta con el caballo del Retiro.
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