Estado de delación

El delator siempre ha tenido mala fama no sólo entre sus víctimas sino incluso entre sus beneficiarios. En los cronicones de las lecturas escolares, en aquellas viejas enciclopedias con que se educaba a la ciudadanía menuda, se contaba cómo Servilio Cepión ordenó deshacerse de los embajadores lusitanos Audaz, Ditalco y Minuro después de que mataran a Viriato. Instigó el asesinato y luego les retribuyó de ese modo, ejecutándolos, con el comentario de que “Roma no paga a traidores”. La figura canallesca del delator ya generaba una corriente de antipatía, de desprecio, antes de Cristo; o sea de Judas.
En este país, que es un coto en el que la prensa rosa tiene licencia de caza con puesto y armas privilegiados, donde el chismorreo es parte consustancial de la España profunda –que es profundamente superficial-, nos enteramos, gracias a las filtraciones, de los trapos que ensucian la casa del PP, de las juergas cinegéticas que se monta el ministro Bermejo y de lo que se cuece –aún bajo secreto de sumario- en el despacho de Garzón. Y gracias a que nos enteramos.
El reverso del chivatazo, aunque no siempre lo contrario, es la discreción; pero quien calla, en realidad, ni dice ni otorga. Todo depende de lo que se pregone o se silencie. De todas formas, hay una tipo denigrante de confidente institucionalizado, característico de los regímenes totalitarios, como el CDR cubano, que se integra en el aparato represivo del Estado.

La ocultación también puede constituir un grave delito, de los que se cometen por omisión. Ahí está la complicidad homicida del encubridor. En un caso como el de Marta del Castillo hubiera ayudado que quien sabía del asunto, aparte del asesino, lo hubiera comunicado. Nos guste o no, los soplones siempre han prestado un servicio a la justicia y a la Justicia. Por eso, desde el Ministerio de Justicia se ha instruido a los secretarios para que no guarden el secreto y delaten a los jueces que hagan huelga.
La que se puede liar.