La sentencia (en el sentido de la sexta acepción del DRAE, «f. Ling. Oración gramatical») «La justicia es un cachondeo» fue enunciada en 1985 por el, a la sazón, alcalde de Jerez, Pedro Pacheco. El dicterio traía causa de la anulación, por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla, de la orden municipal de demoler el chalé de Bertín Osborne. Por ello, fue condenado a cinco años y seis meses de cárcel por la propia Audiencia, confirmada la pena por el Supremo y perdonado en 1988 por el mismo alto Tribunal.
Pues hoy puede afirmarse, sin ninguna duda, que esa idea, compartida por muchos, ha dejado de ser cierta. Porque para que lo fuese, tendría que existir, y no hay justicia: ni es un cachondeo ni otra cosa; sencillamente no es.
Hoy, la noticia sobre la negativa de los fiscales en Cataluña a querellarse contra Artur Mas la recoge así El País: «Los fiscales catalanes reprochan a Mas su “absoluta falta de lealtad”. En su informe enviado a Torres-Dulce, concluyen que no hubo desobediencia porque el presidente no recibió una “orden directa”.» Mucho más explícito resulta el periódico El Mundo: «La culpa de que se aprecien “obstáculos jurídicos” para querellarse contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por desobedecer al Tribunal Constitucional, la tiene el propio Tribunal Constitucional. Así se desprende del informe elaborado por los miembros de la Fiscalía Superior de Cataluña, para los que es “discutible” que haya habido una “orden” del TC para que la consulta soberanista se llevara a cabo. En el dictamen, conocido por EL MUNDO, los fiscales de Cataluña llegan a sostener que “la convicción del TC” a la hora de parar la consulta “ha resultado limitada” porque la medida cautelar viene impuesta por la Constitución, “y con ello cabe plantearse si podemos hablar propiamente de una desobediencia a la 'voluntad' del órgano decisorio”.»
El artículo 6.1 previene, con aquello de «la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento», cualquier intento de alegar desconocimiento para escapar del Derecho. Es una cuestión de elemental seguridad jurídica, y, sobre todo, de aplastante lógica, pero en la que ni siquiera cabría pensar al referirse al colectivo de fiscales… si no fuese por los argumentos que dan para no cumplir con su obligación.
Yo no sé si los fiscales incurren en dejación de funciones, en desobediencia, prevaricación, o en qué tipo o figura antijurídica, pero en algo delictivo, seguro. Esto no tiene que ver con la opinión que la consulta dichosa nos merezca, es una cuestión de ley del embudo, de la existencia misma del Estado de Derecho, de cómo y a quién obligan las leyes. Recientemente, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha manifestado que la ley está «pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador». ¡El mismísimo presidente del CGPJ reconocía que la ley se aplicaba de una forma a los políticos y de otra a los gañanes! Algo parecido a los del guante blanco ocurre con los del gremio de la judicatura, los de las puñetas de encaje.
